Víctimas de delitos sexuales no obtienen justicia en el Congo, según la FIDH

Todos los bandos han utilizado este tipo de violencia comoarma de guerra para esclavizar a las víctimas y aterrorizar a la población, aseguróla FIDH en un comunicado.

Las víctimas de delitos sexuales enla República Democrática del Congo (RDC) se enfrentan a obstáculos insuperablespara obtener justicia y reparación, según la Federación Internacional de DerechosHumanos (FIDH).

Los elevados costes procesales y el escaso cumplimiento delas decisiones judiciales impiden que las víctimas de la violencia sexualpuedan resarcirse, revela un informe hecho público hoy por la FIDH y lasorganizaciones congoleñas integradas en la federación.

La República Democrática del Congo, inmersa desde hace dosdécadas en un conflicto armado, ha sido escenario de delitos de violenciasexual de una magnitud y brutalidad sin precedentes, que constituyen crímenesde lesa humanidad y crímenes de guerra.

Todos los bandos han utilizado este tipo de violencia comoarma de guerra para esclavizar a las víctimas y aterrorizar a la población, aseguróla FIDH en un comunicado.

“Los cuerpos de las mujeres se han convertido en otrocampo de batalla. Cientos de miles de mujeres han sido violadas, tanto jóvenescomo mayores. Todas las mujeres se han visto afectadas”, lamentó JulienneLusenge, presidenta de la Unión de Mujeres para la Paz y el Desarrollo (SOFEPADI).

Las víctimas de violencia sexual son particularmenteestigmatizadas, ya que a menudo son rechazadas por sus familias y comunidades,por lo que necesitan una gran valentía para denunciar su caso ante lostribunales.

“Además del trauma y de tener que convivir con unasociedad que les apunta con el dedo, las víctimas de violación debenenfrentarse a procedimientos judiciales desorbitadamente caros”, explicóSylvain Lumu, secretario ejecutivo de la Liga de los Electores.

En cada etapa del proceso, las víctimas deben pagar lascostas y otras grandes sumas de dinero a la administración congoleña si quierenque las investigaciones y procesos judiciales se lleven a cabo con eficacia.

Incluso el certificado de indigencia, que reduce algunos delos gastos judiciales, cuesta entre 25 y 50 dólares (18,4 y 36,8 euros,respectivamente), en un país donde el 67 % de la población vive con menos de 2dólares (1,4 euros) al día.

Sin este certificado, y como condición previa para cualquierreparación, las víctimas deben adelantar el 6 % de la cantidad total de laindemnización en su favor, lo que les impide obtener el dinero destinado areparar su tragedia.

“La comunidad internacional debe reforzar su apoyo alas reformas estructurales del sistema legal congolés”, dijo DismasKitenge, vicepresidente de la FIDH y presidente del Grupo Lotus.

Además, muy pocas sentencias son firmes y eficaces, de modoque quienes han sido condenados con demasiada frecuencia, se las arreglan paraescapar.

“Las autoridades congoleñas deben adoptar urgentementelas reformas políticas y jurídicas para luchar contra la impunidad de losautores de los delitos de violencia sexual y facilitar el acceso efectivo delas víctimas a la justicia y a la reparación”, puntualizó Jean ClaudeKatende, presidente de la Asociación Africana para la Defensa de los DerechosHumanos (ASADHO).

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